Los conventos de clausura masculinos femeninos de la vicaría
de Sanlúcar de Barrameda fueron auditados en el año 1819por el presbítero y
juez comisionado para la formación de la estadística de bienes eclesiásticos
Benito Ramos junto al notario-secretario José María Centeno en base a las prescripciones
generales del arzobispo de Sevilla Romualdo Antonio Mon Velarde (1749-1819).
Precisaban
la actualización del estado económico y era inexcusable inspeccionar sus archivos.
La intervención pastoral se centró en la fiscalización de los libros de
protocolos de títulos de propiedad, de imposiciones censales y tributos sobre
casas y haciendas junto al de rentas suspensa.
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